Lo que comienza mal, termina mal. Una vieja frase fácilmente aplicable al caso de Electricaribe ante su rotundo fracaso en el objetivo de garantizar la mejora y adecuada continuidad del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe.

Definitivamente, la empresa no pudo con la tarea, que, entre otras cosas, le quedó bien grande. Al final, terminó siendo un remedo de remedio, peor que la enfermedad.

Su desastroso manejo del servicio en la Región motivó, finalmente, a la Superintendencia de Servicios Pùblicos Domiciliarios (SSP), a bajarle la palanca y apagar su operación.

La de Electricaribe es una catastrófica historia que inició, tras su constitución el 6 de junio de 1998, cuando el Gobierno Nacional decidió vender los activos de las Electrificadoras de la Región Caribe, ante el desastroso servicio y corrupto manejo administrativo en que se encontraban inmersas.

Y todo arrancó en medio de un proceso que contó con el interés de 18 compañías.

Sin embargo, al cierre de la subasta se presentó un solo proponente, cuyo representante esperó hasta lo último para introducir el sobre en la urna. Se puso frente a ella con un sobre en cada mano. Y cuando estaba a punto de vencer el tiempo estipulado y notar que no había nadie más, presentó el que tenía en la mano derecha.

En ese acto que se cumplió en el Hotel El Prado la pregunta fue: ¿Y cuánto sería el valor de la propuesta del otro sobre? Con toda seguridad un poco más alto.

De esa manera los activos de las Electrificadoras de la Costa Caribe fueron vendidos a Electricidad de Caracas (EDC) - Houston Industries, por 1 billón 438 mil millones 752 pesos. 

En ese momento el mercado fue segmentado en dos empresas: Electricaribe y Electrocosta.

Sin embargo, rápidamente EDC ‘apagó los focos’ y dos años más tarde (en 2000) vendió su participación a la Unión Fenosa de España.

Bajo la tutela del accionista mayoritario, en diciembre de 2007 fueron fusionadas las empresas Electricaribe y Electrocosta. En esa operación la primera adquirió los bienes, derechos y obligaciones de la segunda y todos los trabajadores, pensionados y clientes de Electrocosta pasaron a Electricaribe.

Dos años más tarde, (2007, Gas Natural SDG S.A. se fusionó con Unión Fenosa y asumió el control total de Electricaribe. En efecto, la sociedad Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia S.L. es una sociedad participada en el 100% por parte de Unión Fenosa Internacional S. A., la cual a su vez es propiedad en el 100% de Gas Natural SDG S.A., con lo cual es esta última terminó como beneficiaria real del 85,38% de las acciones de la Compañía.

El detonante para la intervención

Mientras ocurría esta pasadera de la empresa, de mano en mano, el servicio eléctrico se fue deteriorando, a tal punto de generar graves problemas de orden público en todos los departamentos de la Costa

Ante el deterioro progresivo en la prestación del servicio y los nulos resultados de la empresa para intentar superar la crisis, el Gobierno Nacional se vio obligado a la intervención de la compañía.

El mayor detonante para tomar esta decisión se produjo el 3 de noviembre de 2016 cuando el presidente de Electricaribe, José García Sanleandro, le comunicó a la Superservicios la imposibilidad de seguir cumpliendo las obligaciones financieras.

En esa comunicación, García Sanleandro expresó que “a Electricaribe le ha resultado imposible conseguir tanto la garantía bancaria como el flujo de caja necesario para efectuar el depósito en efectivo por la cantidad requerida, que le permitan superar el proceso de limitación de suministro”. 

En un informe de gestión, el exsuperintendente José Miguel Mendoza señaló que, en otras palabras, el representante legal principal de Electricaribe estaba reconociendo, por escrito, que la compañía estaba al borde de un incumplimiento irremediable de sus obligaciones que tendría por efecto un racionamiento efectivo de energía para los 10 millones de habitantes de la Costa Caribe colombiana. 

“La confesión del presidente de Electricaribe situó firmemente a la compañía en la causal de intervención contemplada en el numeral 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994, de acuerdo con el cual será procedente la toma de posesión “si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles”, afirmó Mendoza.

Quiebra o apagón en la Costa

Para José Miguel Mendoza, la intervención de Electricaribe fue inevitable ante el colapso financiero de la compañía. Según la información que sus administradores le entregaron a la Superintendencia, Electricaribe enfrentaba una cesación generalizada de pagos hacia mediados de noviembre de 2016. Esta imposibilidad de cumplir con sus obligaciones era la consecuencia inaplazable del profundo déficit de caja de la compañía, proyectado en más de medio billón de pesos para finales de 2016, aunado a un pasivo externo de $2.4 billones y deudas pensionales sin fondear que estimadas en alrededor de $1.2 billones. 

“La crisis financiera de Electricaribe era de tal gravedad que su propio presidente reconoció, por escrito, que a la sociedad le quedaba imposible honrar sus compromisos con el mercado de energía mayorista. Y la más inmediata consecuencia del incumplimiento de tales compromisos se habría producido el 16 de noviembre de 2016: una limitación en el suministro de electricidad - es decir, un racionamiento generalizado de energía- en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. De haberse permitido que iniciara esa

limitación de suministro, los usuarios residenciales, comerciales e industriales de la Costa Caribe colombiana habrían sufrido perjuicios mayúsculos. La orden de intervención emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos llegó apenas a tiempo para ahuyentar definitivamente la amenaza de un apagón en el norte del país”, según reportó en su momento.

A lo anterior se sumó el componente técnico de la problemática. Según la información reportada por la compañía ante la Superintendencia, los usuarios de Electricaribe padecieron alrededor de 96 horas de interrupciones en el servicio de energía eléctrica para el año 2016.

Toma de posesión y liquidación

Fue así como el principio del fin inició el 14 de noviembre de 2016 cuando la Superservicios ordenó la toma de posesión de Electricaribe por encontrar configuradas las causales de los numerales 1 y 7 de la Ley 142 de 1994, que señalan:

“Artículo 59. Causales, modalidad y duración. El Superintendente de Servicios Públicos podrá tomar posesión de una empresa, en los siguientes casos:

59.1. Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros.

59.7. Si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles”.

Luego, tras efectuar los análisis necesarios para determinar si la empresa se encontraba en capacidad de garantizar la prestación del servicio de energía en su área de influencia, en las actividades de distribución y distribución, la Superservicios concluyó que las proyecciones financieras indicaban que sus egresos serían mayores que sus ingresos durante los siguientes 5 años, por lo cual no estaba en condiciones de superar las causales de toma de posesión ni de cumplir con su objeto social, evidenciando un riesgo para la prestación del servicio en la Región Caribe en el corto, mediano y largo plazo.

Por tal razón, el 14 de marzo de 2017 la Superservicios dispuso que la toma de posesión tendría fines liquidatorios y ordenó una etapa de administración temporal, con el fin de garantizar la prestación continua del servicio de energía en la Región y asegurar la no afectación a los usuarios.

Durante el proceso de intervención y para mantenerse al día en el pago de las obligaciones corrientes derivadas de la compra de energía, tanto en contratos bilaterales con los generadores como ante el mercado mayorista XM S. A. E.S.P., además de ejecutar inversiones prioritarias para frenar el deterioro de la infraestructura y lograr algunas mejoras en la prestación del servicio a los 10 millones de usuarios, se obtuvo el apoyo financiero del Fondo Empresarial de la SSP, tanto con recursos propios como de créditos bancarios garantizados por la Nación y de tesorería otorgados por el Ministerio de Hacienda, por un valor aproximado de $6.1 billones, aunado a la emisión de certificados de garantía hasta por la suma de 530.810 millones 738 mil pesos.

Dentro de esas financiaciones se incluyeron las autorizadas por documentos Conpes, mediante los cuales se dio concepto favorable a la Nación para otorgar garantías al Fondo Empresarial de la SSP para contratar operaciones pasivas de créditos, entre los cuales un total de 860 mil millones de pesos correspondieron a recursos destinados exclusivamente para inversiones prioritarias en infraestructura de redes, subestaciones, nuevos transformadores de distribución y de potencia, nuevos circuitos, entre otras, así como el plan de reducción de pérdidas.

Estos recursos se encuentran plenamente contratados y su ejecución se encuentra a cargo de las nuevas empresas Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P (Afinia) y Air-e S.A.S. E.S.P.

Adicionalmente, con recursos propios la empresa también dispuso $580 mil millones para inversiones prioritarias, para alcanzar un monto de $1.4 billones.

Cambios en los indicadores de gestión

La inyección financiera que le dio el Gobierno Nacional al proceso cambiaron el panorama de los indicadores calidad y gestión.

Por ejemplo, en el período 2013 - 2016 la tendencia de las inversiones de Electricaribe fue descendente mientras que la del indicador de calidad SAIDI duración de interrupción promedio por usuario) se mostró creciente, representando una desmejora en el servicio.

En los análisis más recientes, el indicador SAIDI acumulado en agosto de 2020 de 56.34 horas, inferior a las 75.11 horas en agosto de 2019 y al de 76.48 horas en noviembre de 2016 cuando se produjo la intervención.

Por su parte, el indicador Saifi (frecuencia de interrupción promedio por usuario), pasó de 77.15 veces en 2019 a 67.33 veces en 2020, cifra que se encontraba en 84.26 veces en noviembre de 2016 cuando se produjo la intervención.

Adicionalmente, los niveles de recaudo alcanzaron el 84.05% en 2017, 84.6% en 2018 y 82.9 en 2019.

Adicionalmente, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, el Gobierno Nacional incluyó acciones “para la eficiente prestación del servicio público de energía en la Costa Caribe”, autorizando a la Nación a asumir el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe, así como el pasivo asociado al Fondo Empresarial de la Superservicios.

En el caso del pasivo pensional prestacional, con corte al 28 de febrero de este año, fue cuantificado en 2 billones 713.959 millones 652 mil 637 pesos.

Mientras que el pasivo asociado al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos fue determinado en la suma de 3 billones 947.411 millones 948 mil 630 pesos.

Nuevo esquema estructural

De manera simultánea a la toma de posesión y administración temporal, en junio de 2017 Electricaribe y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -Findeter- suscribieron un contrato para la definición, estructuración e implementación de la solución que más resultara adecuada para garantizar la continuidad del servicio de energía en la Región Caribe, mediante un proceso para vincular un inversionista para el sistema de distribución local y de transmisión regional, así como para la actividad de comercialización de energía eléctrica, incluyendo el pasivo laboral y las deudas pretoma de la empresa.

Dicho proceso no continuó porque solamente un oferente manifestó su interés, situación que, en caso de una eventual adjudicación, en ese momento, al inversionista interesado, superaría los topes de participación en el mercado permitidos para la época por la regulación del sector.

Ante ello, en noviembre de 2018 el Gobierno Nacional anunció la implementación de un nuevo esquema de solución estructural y de largo plazo, así como la asunción del pasivo pensional de la empresa, definiendo un esquema de segmentación del mercado, proceso que inicialmente planteó con dos nuevas áreas de prestación: CaribeSol (Atlántico, Magdalena y La Guajira) y CaribeMar (Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre).

En este nuevo proceso fueron precalificados 6 interesados y el 20 de marzo de 2020 se produjo la adjudicación del segmento CaribeMar (Afinia) a las Empresas Públicas de Medellín -EPM- y CaribeSol al Consorcio Energía de la Costa, conformado por Latin American Corp. y la Empresa de Energía de Pereira, con las cuales fueron suscritos los respectivos contratos el 30 de marzo de 2020, para luego iniciar la operación y prestación del servicio a partir del 1 de octubre.

Dentro del esquema estructural adoptado y emprendido, CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. debe realizar inversiones mínimas por $3.2 billones y Air-e S.A.S. E.S.P. por $2.6 billones, en los próximos 5 años.

Estocada final, españoles perdieron la demanda

La estocada final para los inversionistas españoles se dio el 12 de marzo de este año cuando el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones desestimó las pretensiones de una billonaria indemnización solicitada por Naturgy  Energy Group S.A. y Naturgy Electricidad Colombia S.L. (anteriormente Gas Natural SDG S.A. y Gas Natural Unión Fenosa Electricidad Colombia S.L.), bajo el argumento de que “el Gobierno de Colombia llevó a Electricaribe a un precipicio financiero” y en lugar de aplicar medidas necesarias para salvaguardar la compañía “aprovechó un momento políticamente oportuno para expropiar a la empresa de forma ilegal”.

En esencia, el grupo español reclamaba indemnización por un valor que según ellos tendrían por su participación en Electricaribe justo antes de la intervención, “en ausencia de supuestas violaciones del Tratado (Bilateral de Inversión con el Reino de España) por parte de Colombia” y, además, “por las deudas y subsidios” que alegan fueron adeudados en el momento de la intervención de la empresa, así como el monto de un préstamo “que garantizaron los días inmediatamente anteriores a la intervención”.

Las pretensiones fueron cuantificadas en 1.310.2 millones de dólares, equivalentes a 4 billones 792.999 millones 844 pesos.

En desarrollo de esta demanda, el Estado colombiano, en cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, en cabeza de Camilo Gómez Alzate y Ana María Ordóñez, también presentó reclamaciones por 514.08 millones de dólares en compensación como resultado de la catastrófica gestión de Electricaribe.

Finalmente, el Centro Internacional falló a favor del Estado Colombiano. Lo paradójico del caso es que los inversionistas reclamaban por incumplimientos del Gobierno Nacional cuando fueron precisamente ellos quienes incumplieron con la prestación del servicio.

Además, las frecuentes auditorías realizadas por la Contraloría General de la Nación (CGR) develaron los manejos oscuros por parte de Electricaribe en los recursos asignados por el Gobierno Nacional para la normalización del servicio eléctrico en la Región Caribe. De lo cual no existen explicaciones convincentes por parte de quienes dirigieron Electricaribe.

En otros términos, los pájaros terminaron disparándole a las escopetas de unos sufridos usuarios que realmente nunca tuvieron el mínimo servicio por parte de Electricaribe.

Les bajaron la palanca...y adiós

Así las cosas, la Superintendencia de Servicios Públicos, en cabeza de Natasha Avendaño García, determinó el adiós de la empresa, el miércoles de esta semana determinó el definitivo adiós a Electricaribe.

Por tal motivo expidió la Resolución 20211000011445 del 24 de marzo de 2021, mediante la cual ordenó la liquidación de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P -Electricaribe-, “teniendo en cuenta que, una vez finalizado con éxito el esquema de solución empresarial a largo plazo que garantiza la continuidad en la prestación del servicio de energía y la entrada de dos nuevos operadores (Afinia y Air-e) el pasado 1 de octubre de 2020, la entidad consideró que ya están dadas las condiciones que permitirán la culminación de la etapa de administración temporal en la que se encuentra Electricaribe desde marzo de 2017 y, en consecuencia, se da paso al proceso de liquidación”.

De esta manera inició el proceso de liquidación y disolución de la empresa, que estará a cargo de Ángela Patricia Rojas Combariza, quien venía fungiendo como Agente Especial de la administración temporal.

Con ello también se pone fin a una trágica historia de 23 años del servicio de energía en la Región Caribe, que dejó muchos muertos, bien sea electrocutados o durante las protestas contra la empresa.

Una historia para no repetir. ¡Así sea!